El reto que enfrenta el Valle de Aburrá en torno a la movilidad sostenible no sólo pasa por la integración del sistema de transporte masivo, sino por la implementación de una serie de medidas que permitan garantizar la planeación del territorio con criterios de sostenibilidad. El director del Área, Eugenio Prieto Soto, nos cuenta cómo vamos.

Eugenio Prieto Soto: Porque el modelo de ocupación que hoy tenemos no es sostenible en el mediano y largo plazo. Al incremento exponencial de nuevas viviendas y más industrias sobrevienen efectos asociados a la calidad del aire que debemos mitigar, entre muchas otras acciones, con soluciones al transporte público y privado en este valle estrecho y complejo. Dicho plan de renovación es una de las principales estrategias del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire​ para reducir las emisiones de PM2.5 en la región metropolitana. La línea 3 de ese Plan busca la transformación hacia un sistema de movilidad de bajas emisiones y pretende en el mediano plazo (2023) mejorar progresivamente la calidad del aire del Área Metropolitana para salvaguardar la salud pública y proteger el ambiente, así como para elevar el bienestar social y propiciar un desarrollo metropolitano sostenible.

Por supuesto. La renovación vehicular, sin otras medidas complementarias, por sí sola no funciona. Sin el acompañamiento del Gobierno nacional, de los empresarios, de la academia, de los líderes sociales y de los propios ciudadanos, dicha iniciativa no sería eficaz ni se mantendría en el tiempo como una política pública. Lo que nosotros estamos haciendo es un enorme esfuerzo para que los vehículos que llevan tanto tiempo circulando por el territorio puedan ser renovados, en especial, los de transporte de carga, camiones y volquetas, sin perder de vista algunos buses de servicios especiales y busetas.

El alcalde de Medellín, presidente de la Junta Metropolitana, y de EPM, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha pedido que trabajemos muy duro en la reducción de las emisiones de material particulado PM2.5, pues es evidente que el sector del transporte que más aporta a la contaminación del aire está en el sistema de carga, volquetas y algunos buses que ya cumplieron su vida útil. Y lo otro es focalizar medidas y de ahí surge el plan de renovación, que será gradual.

Tenemos una propuesta de 2019 a 2023 que permite la renovación de no menos de 3.500 vehículos de las flotas más envejecidas que todavía circulan por el territorio. Muchos de esos vehículos son de propietarios individuales y otros de empresas. Tenemos que tener miradas diferenciales, porque no podemos aplicar las mismas reglas para todos. Hemos diseñado, entonces, una estructura financiera que permita el acceso de esas empresas y de los particulares de forma diferencial y progresiva. Nuestras proyecciones nos permiten inferir que si hacemos esa renovación de los 3.500 vehículos podríamos reducir en un 50 por ciento el nivel de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera del Valle de Aburrá, que sería una hecho sin antecedentes en toda la región.

Así es. La mirada sistémica que hacemos de los fenómenos de contaminación atmósferica permiten trabajar articuladamente en las acciones que contempla el PIGECA, en especial los fijados dentro del Protocolo para Enfrentar la Contaminación (POECA)​ y los compromisos adquiridos por más de 100 empresas que se sumaron al Pacto por la Calidad del Aire que promovió el señor Alcalde de Medellín. Acá estamos juntos con el Gobierno nacional a través de los Ministerios de Ambiente, de Minas, de Transporte, con EPM, Camacol, las secretarías de Movilidad, la academia y la ciudadanía, buscando para este Plan de Renovación la declaratoria de importancia ambiental para el Valle de Aburrá, de forma tal que todos los actores garanticemos que se siga la ruta adecuada y correcta en la compra y adquisición de los nuevos vehículos con beneficios para quienes hagan parte del mismo en materia de impuestos, aranceles y bonos de Ecopetrol, por ejemplo.

Nuestras proyecciones nos permiten decir que están entre el 40 y el 50 por ciento del costo total de los vehículos. Cuando a uno le hablan de un carro que vale 500 millones de pesos, pero le reducen el 40 por ciento, ya el valor son 300 millones y el asunto se vuelve mucho más atractivo. Pero adicionalmente, el plan facilita y propicia un esquema de financiación con un plazo razonable que permita que las cuotas sean mucho más moderadas e incentiven la compra de esos nuevos vehículos con tecnologías limpias, ya sean eléctricos, híbridos, a hidrógeno y a gas. Estamos acompañando al sector empresarial y de la construcción, pero también lo haremos con otros sectores, para apalancar ese financiamiento con el Fondo de Garantías, Bancóldex, Findeter. Así mismo, la banca comercial está muy interesada en acompañar este proceso y los escenarios de futuro son muy alentadores, porque el mercado mundial de autos eléctricos ya está aquí.

El esquema incluye la pignoración del vehículo como garantía de pago y, en algunos casos en donde sea necesario, se permite hacer libranzas, con el fin de que las empresas que contratan a esos particulares, porque los conocen y dan fe del servicio que prestan, avalen esos créditos. 

Sí, pero tenemos que retomar muchos de los avances con esta nueva administración del Presidente Duque, que estamos seguros la apoyara dentro de su estrategia de negocios verdes y economía naranja. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un aliado estratégico, así como lo son el de Minas y Energía y el de Transporte, Planeación Nacional y Ecopetrol. El Conpes expedido en julio pasado sobre calidad del aire también trae instrumentos muy valiosos en torno a la renovación vehicular.

Muy importante dentro del plan de renovación, porque es complementario, no que dependa. Habrá unos vehículos que sí o sí tendrán que ser chatarrizados y otros que serán renovados, tal como lo hemos hecho en el Valle de Aburrá. El tema de chatarrización obliga a que se den algunas modificaciones, en especial, que no sólo se entreguen recursos al fondo a los vehículos de más de 10.5 toneladas, porque ese es un planteamiento exclusivo de competitividad, que somos respetuosos y hay que mantenerlo, pero incluyendo criterios de sostenibilidad, que para nosotros es ambiental, económica y social. Es así como le hemos solicitado al Gobierno nacional, a través de sus ministerios de Ambiente, Minas y Transporte que hay que declarar la vida útil de los vehículos. Parte de la problemática que hoy tenemos en los territorios es porque no se está haciendo declaratoria de vida útil de esos vehículos y entonces se ven rodando carros con más de 25, 30 y hasta de 50 años de edad.

Después de la expedición del Conpes sobre calidad del aire, el Gobierno nacional se comprometió a aplicar el principio según el cual “quien contamina, paga” dentro del principio constitucional del Derecho a la Salud, pero no se aplica. Queremos que el nuevo Gobierno lo aplique, porque queremos que esos recursos vayan al Fondo Metropolitano de Movilidad Sostenible y así tengamos nuevos instrumentos que desde el punto de vista territorial permitan que estas problemáticas no se profundicen en el tiempo, sino que por el contrario aporten a la sostenibilidad.

El liderazgo del alcalde Federico Gutiérrez ha sido fundamental para lograr lo que se ha logrado en corto tiempo y necesitamos que así siga. El acompañamiento del señor Procurador, el respaldo del Concejo de Medellín y la positiva respuesta de Ecopetrol permiten asegurar que actualmente están llegando al territorio combustibles de mejor calidad. Las últimas mediciones que hemos hecho nosotros establecieron que el diésel está entre 11 y 15 partes por millón de azufre, mientras en la gasolina es entre 100 y 140 partes por millón, cuando hace poco más de dos años era de 400 y 500 en la gasolina y de más de 50 en diésel. Eso ha permitido bajar los niveles por contaminación de material particulado PM2.5 en más de cuatro y cinco microgramos. Pero de nuevo, las medidas deben estar articuladas, porque no ganamos nada si mejoran los combustibles, pero no renovamos la flota, y viceversa. De ahí que nuestra apuesta es por la Gobernanza metropolitana, porque es la que garantiza el diálogo y la concertación como instrumentos de planeación de la política pública con visión de mediano y largo plazo.

Una de las peticiones que le hacemos al Gobierno es que se declare la vida útil de los vehículos. Hoy circulan por nuestras calles carros de más de 25 años.

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