​​

Áreas Protegidas:
un diálogo entre lo urbano y lo rural

Hemos abierto una discusión respetuosa y franca con el Ministerio de Ambiente sobre la necesidad de entender y dimensionar el valor que tienen para la planificación sostenible de los territorios el sistema de áreas protegidas urbanas.


La visión que venimos aportando desde las regiones es que tan importante es la escala nacional como la local y la regional cuando se trata de asegurar la sostenibilidad de los territorios urbanos y rurales. Sobre todo, porque en esos intermedios existe una inmensa capacidad ambiental regional y metropolitana, pero en especial de lo urbano-rural, lo urbano-regional, e incluso, de una categoría que podría llamarse lo periurbano.

De ahí la importancia que tiene la discusión fran​ca y respetuosa que se ha abierto desde el Valle de Aburrá y el Departamento de Antioquia, con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el sentido de entender y dimensionar el valor que tienen para nuestros centros urbanos los Sistemas de Áreas Protegidas en el ámbito local o municipal, metropolitano, departamental y nacional.

Comprender que a una escala desde la ciudad, las áreas verdes urbanas y su conexión con lo rural son fundamentales para lo que siempre hemos esperado: tener corredores biológicos, una conexión de la flora y la fauna que permita el tránsito de lo urbano hacia lo rural, y viceversa.
La prioridad que se tiene en las grandes aglomeraciones urbanas del país es que se conecten las áreas protegidas, incluso hacia sistemas muy pequeños en extensión, pero abundantes en especies de flora y fauna, agua y microclimas.

Es así como con la acción decidida del Área Metropolitana como autoridad ambiental en lo urbano, y Corantioquia en lo rural, estamos liderando procesos de diálogo y concertación con el Gobierno nacional para que zonas estratégicas como el cerro Quitasol en Bello y Pan de Azúcar en Medellín, que además conectan con otros ecosistemas regionales, sean declaradas como áreas de protección urbana y permitan contener la expansión de una manera ordenada, garantizando la protección de la biodiversidad de esos territorios.

El llamado al Ministerio de Ambiente, que además ha sido un aliado incondicional en todo el tema de calidad del aire del Valle de Aburrá y en la consolidación del Banco2 metropolitano como eje de la sostenibilidad y la equidad humana y territorial, es a escalar el debate y buscar mediante el consenso la formulación de una política nacional que interprete y ajuste las realidades ambientales y ecosistémicas desde lo local y urbano dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y combine lo local con lo metropolitano, y lo metropolitano con lo regional.

Es entender que un área protegida urbana no está aislada de un contexto; para nuestro caso del Valle de Aburrá, del Jardín Circunvalar, del Cinturón Verde Metropolitano, del gran Parque Central de Antioquia, que están conectados con áreas protegidas de carácter nacional.

Con criterios técnicos, pero sobre todo con mucho diálogo y concertación con todos los actores del territorio, pretendemos demostrar la realidad del territorio y que cada uno de estos ecosistemas juega un papel central en la sostenibilidad de todo el país y que eso conllevará, incluso, a abrir y establecer nuevas categorías de áreas protegidas, algunas que sean por características ecológicas o por la importancia que tienen en el contexto urbano rural y lo urbano regional.

La propuesta hecha al Ministerio busca aportar y concretar en lo regional la estrategia nacional que, a través de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se ha formulado con respecto a las Áreas Protegidas; y pensar como sistema los espacios verdes urbanos y los corredores de conectividad ecológica desde lo local.

Es necesario y urgente integrar las áreas protegidas no sólo en el contexto rural, sino también urbano. Que dichas áreas sean incorporadas en la planificación del territorio y se vinculen los objetivos de conservación con el desarrollo urbano para impulsar la sostenibilidad con criterios de equidad humana y territorial.