El Valle de Aburrá es el primer territorio urbano que declaró áreas protegidas en el país. El objetivo trazado es que los pisos duros se reemplacen por pisos blandos​ y así contrarrestar ese déficit de espacios públicos verdes y de árboles que hay en la región metropolitana. Uno de los instrumentos fundamentales es la aprobación del Acuerdo Metropolitano 19  de 2017. Los municipios son clave en esta estrategia para darles un mejor mañana a los habitantes.​

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se deben tener 9 metros per cápita de espacio público verde; en el Valle de Aburrá se cuenta con 5,9 metros y en Medellín con 4,1 metros. En ese orden de ideas se debería tener un árbol por cada 3 habitantes y hoy la proporción es de 0,4 árboles. Esto representa un desfase muy grande para el bienestar de los habitantes de la región metropolitana.  

Para contrarrestar ese déficit se dio la aprobación, por parte de la Junta Metropolitana, del Acuerdo Metropolitano 19 de diciembre de 2017, por medio del cual se adopta una estrategia para la gestión del espacio público verde, se crea el Fondo Verde y se reglamentan las compensaciones, se generan mecanismos para el control y la recuperación en la zona urbana de esas áreas que se han perdido en el territorio metropolitano.

¿Pero qué son las áreas protegidas urbanas? Son instrumentos de planificación del territorio para la sostenibilidad y el objetivo principal es la conservación de estos espacios en el Valle de Aburrá. Se comienza por iniciativa de los municipios, que buscan el acompañamiento de la autoridad ambiental para preservar estos lugares, y finalmente son declaradas mediante acto administrativo por el Área Metropolitana.

En lo referente al Acuerdo Metropolitano 19, desde las subdirecciones Ambiental y de Planificación del Área Metropolitana, con la compañía de las subdirecciones de Movilidad y Proyectos, se presentó a la Junta Metropolitana el trabajo enfocado en varios aspectos: uno, cómo conservar, mantener y administrar el espacio público verde efectivo. Dos, que se aprobara un sistema de valoración de los individuos arbóreos  que permita, en el caso que no haya dónde compensar, por parte de los constructores. Tercero, que por medio de esa valoración se constituya un Fondo Verde para construir nuevos espacios, comprar propiedades y generar espacio verde efectivo. Además, una estrategia de articulación con los municipios para la entrega de esos espacios públicos verdes, su administración y conservación.

“Cuando miramos por qué se articula el Acuerdo con el tema de áreas protegidas urbanas es porque nosotros venimos propendiendo por la sostenibilidad y la equidad. Si un territorio no está bien planificado será insostenible ambientalmente. Necesitamos generar desarrollo con sostenibilidad”, expresa Víctor Piedrahíta Robledo, subdirector de Planificación del Área Metropolitana.

Solo por poner la lupa en uno de los municipios se puede decir que en Envigado se declararon 3.300 hectáreas como suelos de protección con el fin de consolidar la estructura ecológica de esta población.

“En ese sentido se ha logrado adquirir áreas de importancia estratégica como el humedal El Trianón. También tenemos el Parque Ambiental La Heliodora, que cuenta con 22 hectáreas ya protegidas para el beneficio de la comunidad”, dice César Augusto Mora Arias, secretario de Medio Ambiente de Envigado.

El Fondo Verde se financiará a través de los recursos que entran al Área Metropolitana por trámites forestales, de las multas generadas por las infracciones por la afectación del recurso arbóreo y deja a voluntad de los municipios dedicar un porcentaje de las obligaciones urbanísticas para que con el fondo se puedan adquirir nuevas áreas en las zonas urbanas con las compensaciones.

Con estos recursos se va poder financiar toda la recuperación y pasar de pisos duros a pisos blandos en el Valle de Aburrá. Esto servirá también para consolidar y blindar el sistema local de áreas protegidas en los municipios y la estructura ecológica principal aportando elementos a la vida urbana. Todo esto de la mano de la comunidad.

En el Valle de Aburrá, por ejemplo se declararon como áreas protegidas los cerros El Volador, Nutibara, Piamonte (Bello) y La Asomadera, que suman unas 214 hectáreas. Y con el humedal de Ditaires (Itagüí) más las ya mencionadas de Envigado se completarían 250 hectáreas.

“Cuando uno empieza a mirar todo el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas para conformar el cinturón verde, en esa conexión de lo urbano regional para el Gran Parque Central de Antioquia hay que hacer un trabajo muy fuerte. Por eso venimos promoviendo la declaratoria de área protegida del cerro Quitasol (Bello), se declare como área protegida. Cuando uno mira el Quitasol se da cuenta de que son 2.500 hectáreas comparado con las 250 que ya tenemos. Eso es un tamaño enorme”, asegura Eugenio Prieto Soto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Si bien el trabajo es largo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá continúa con el acompañamiento a los municipios para preservar los espacios públicos verdes y sumar más áreas protegidas para darles a los ciudadanos actuales y a los futuros un territorio más amable, verde y sostenible.