La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales adelanta el seguimiento a los procesos de manejo integral de arbolado en zonas urbanas de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, donde se establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Por medio de este memorando se insta a las autoridades destinatarias a dar cumplimiento de los deberes legales y constitucionales referentes a las actividades de silvicultura urbana, mismas que deberán ir acompañadas de criterios urbanísticos, sociales y ecológicos, garantizando la efectividad de los derechos fundamentales y colectivos que se puedan ver amenazados por la no aplicación ​de las normas de las que trata el memorando.