Desde el año 2012, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental, junto con otros aliados estratégicos, han venido aunando esfuerzos en la implementación de los Planes de Manejo de cada Área Protegida desde sus líneas estratégicas de educación, gestión, participación social y divulgación.
Procesos formativos
Estos ejercicios, han sido orientados a la generación y aplicación de instrumentos técnicos, sociales y económicos para la conservación de áreas de importancia estratégica para la sostenibilidad metropolitana, como son el Cerro El Volador declarado como Parque Natural Regional Metropolitano, Cerro Nutibara, Piamonte y Cerro La Asomadera, con sus Planes de Manejo que tienen diversos ámbitos de aplicación como el técnico administrativo, social, natural y cultural, y que contemplan diversas acciones que contribuyen al uso equilibrado de los recursos naturales, mediante la creación, la sostenibilidad y el fortalecimiento de actividades educativas para la conservación ambiental en el valle de Aburrá.
Por lo anterior, se desarrollan procesos educativos ambientales y encuentros de saberes dirigidos a las actores de la institucionalidad, ciudadanía, academia, sector empresarial, organizaciones sociales y ambientales, de participación y no gubernamentales, que contribuyen a la conformación de una base social que promueva la conservación ambiental de estos espacios en el ámbito metropolitano y regional.
Es así como desde la orientación misional de la autoridad ambiental, acompañado en su momento de quién fue la autoridad académica, Universidad Santo Tomás, y con la Corporación Unida Empresarial, aliado en el 2017, se ha posibilitado espacios formativos y encuentros para el conocimiento, diálogo de saberes, la reflexión crítica, reconocimiento y construcción de conocimientos significativos.
Alianzas estratégicas
En este contexto y ante el riesgo al que se exponen las Áreas Protegidas en el contexto urbano del Valle de Aburrá, por estar inmersas en las dinámicas de la ciudad, subyace la necesidad de crear y fortalecer mecanismos de conservación in situ, a partir de los cuales cobra relevancia, la generación de alianzas estratégicas entre diferentes sectores del territorio metropolitano, como el empresarial, académico, institucional y el ciudadano, para fortalecer los ejercicios que contribuyan a la administración y co-manejo de las Áreas Protegidas y la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos que éstas brindan a la sociedad.
En el marco de este proceso se proponen líneas estratégicas, que desde la tecnología de la información y la comunicación, investigación ambiental, conservación y restauración, ocio y recreación pasiva y educación ambiental, aporten al desarrollo de procesos y acciones desde la corresponsabilidad empresarial y ciudadana.
Esquema de Corresponsabilidad Ambiental para los Servicios Ecosistémicos - CASE
En el año 2017, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, formula una propuesta técnica y jurídica de un Esquema de Pago por Servicios Ambientales -PSA, que se presenta como mecanismo para la sostenibilidad financiera en la implementación de los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas en el contexto urbano, y que pudiera proyectarse a otras estrategias de conservación de la biodiversidad metropolitana. Este esquema de PSA hizo parte de las propuestas complementarias al modelo de administración y co-manejo que se diseñaron y que tiene su órgano director en la Mesa Coordinadora de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación de la biodiversidad metropolitana.
Es entonces cómo se inició la caracterización general de los actores territoriales convocados a participar de la propuesta que se denominó, inicialmente, "Esquema de PSA Metropolitano". Es de resaltar, que para este proceso, se analizó el trabajo realizado en los años 2013 y 2014, donde se hicieron varios acercamientos a actores empresariales, académicos y ciudadanos. Los actores territoriales se agruparon bajo la categoría de Sectores, en la que se identificaron el sector institucional, sector empresarial, sector académico y sector ciudadano. Cada uno de estos sectores agrupa un conjunto de actores, así:
Sector Institucional: se asume como el conjunto de actores territoriales que representan las diferentes dependencias administrativas de las autoridades municipales y las autoridades ambientales.
Sector Empresarial: hace referencia a los actores territoriales pertenecientes a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como agremiaciones, fundaciones y corporaciones socio-ambientales asociadas a grandes empresas y/o que generan un impacto ambiental en el territorio.
Sector Académico: hace referencia a los actores territoriales vinculados a Universidades y centros de investigación con capacidad para fortalecer estrategias de conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos metropolitanos, procesos de restauración ecológica y fortalecimiento de los colectivos ciudadanos.
Sector Ciudadano: son los actores territoriales que a nombre propio o de alguna organización ciudadana vienen desarrollando acciones educativas ambientales por la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos metropolitanos; éstas son: Mesas ambientales, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Comités Locales Barriales, Organizaciones socio-ambientales, instituciones educativas y ciudadanía en general.
El Esquema de Pago por Servicios Ambientales Metropolitano pretendía vincular a todos los actores territoriales, la apuesta institucional cobra fuerza en tanto se socializa con todos los habitantes metropolitanos y se generan alianzas para la implementación de las apuestas por la sostenibilidad financiera de las Área Protegidas Urbanas. Sin embargo, después de consultas, investigaciones y reflexiones, se logró identificar que para el contexto urbano no es aplicable un esquema de Pagos Por Servicios Ambientales en el contexto urbano ya que es evidente que no se cuenta con un marco normativo y mecanismos de articulación interinstitucional que claramente exponga las dinámicas socio ambientales de estos ecosistemas, que por estar sometidos a dinámicas netamente urbanas no se acogen directamente a los planteamientos normativos.
De acuerdo a lo anterior, desde un análisis general de la experiencia de Colombia en cuanto a la formulación de esquemas de PSA, se evidencia que la implementación de éstos en entornos urbanos, todavía es una agenda pendiente que debe convocar la participación de la institucionalidad y la academia en torno a la formulación de “esquemas tipo PSA” que fortalezcan las posibilidades de conservación en ecosistemas que se asientan en los contextos urbanos.
Ante esta situación, desde el año 2017, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá avanza en la formulación de un Esquema de Corresponsabilidad Ambiental para los Servicios Ecosistémicos - CASE, el cual tiene la característica de adaptarse a las necesidades de conservación de la biodiversidad del entorno urbano, en la medida que caracteriza a los actores territoriales y con cada uno de ellos se generan unos acuerdos institucionales que formalizan la relación entre oferentes y demandantes de servicios ecosistémicos; para ello, debe considerarse la naturaleza jurídica, la capacidad de incidencia y los instrumentos políticos que orientan el accionar de cada actor territorial.
El Esquema CASE se concibe como un mecanismo de gestión de recursos económicos, técnicos y humanos que se orientan a garantizar la sostenibilidad económica en el proceso de implementación de los planes de manejo ambiental de las AP-SIMAP, utilizando los diferentes instrumentos técnicos y políticos para la gestión socio-ambiental.
