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La​ eficiencia energética es un asunto de interés nacional pues desde la Constitución Política de 1991, en su Artículo 80 se establece que el “Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (...)”.

Con la Ley 697 del 2001 que fomenta el uso racional y eficiente de la energía, y se promueve la utilización de energías alternativas, Colombia estableció una hoja de ruta para que todos los actores públicos y privados implementen medidas tendientes a reducir el consumo de energía.

Después, en el año 2010, mediante la Resolución 180919 de 2010 se desarrolla el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que establece metas de reducción de consumo de energía para diferentes sectores y centra sus esfuerzos en áreas específicas. Posterior a la anterior reglamentación en temas de eficiencia energética, el país concentró sus esfuerzos en dinamizar el uso de las energías renovables a través de la Ley 1715 de 2014.

Todo este marco regulatorio ha estado acompañado de incentivos tributarios con el fin de impulsar estas iniciativas en los sectores empresariales. Aunque se ha mejorado, la realidad del sector productivo es aún distante a lo que pretende todo el marco regulatorio.  Las empresas que operan con altas ineficiencias en sus procesos productivos debido a factores como atraso tecnológico, malas prácticas operativas, errores en la programación de los procesos productivos, reprocesos, entre otros, son el objeto principal de los esfuerzos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr avances colectivos en el campo de la eficiencia energética.

La operación de equipos de combustión externa como hornos y calderas responsables en mayor medida por las emisiones que se producen en la industria, no son ajenos a estas realidades, pues en la empresas, muchas veces por su desconocimiento, operan en rangos de eficiencia inferiores al 50%, es decir, solo aprovechan la mitad del combustible que gastan en sus procesos. Este impacto final en las emisiones, es el que está abordando de manera integral el Área Metropolitana para acompañar las industrias en el mantenimiento y uso eficiente de sus hornos y calderas, la capacitación de los operarios y la optimización que hacen que los retornos de inversión sean interesantes no solo en la parte económica sino también en la parte ambiental.​
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