Veintinueve funcionarios de los 10 municipios que componen el Valle de Aburrá se graduaron del Diplomado Migración Mixta y Protección a Refugiados: perspectivas y retos de la protección internacional en Colombia. El proceso, que inició el 10 de julio con 33 participantes y finalizó el pasado 18 de noviembre, fue liderado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en un trabajo en conjunto con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR Colombia).

Integrantes de las Alcaldías de Bello, Medellín, La Estrella, Copacabana, Envigado, Girardota y Barbosa; miembros del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres (DAGRD), del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y del Municipio de Medellín; representantes de las distintas personerías, registradurías y defensorías, al igual que delegados de instituciones como Metrosalud y la Policía, finalizaron el proceso de formación que les ayudará a atender de la mejor manera a la población migrante y sensibilizar a las personas de su entorno frente a esta realidad.  

El Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, reflexionó sobre los cambios en la planeación del crecimiento del territorio debido a la recepción de desplazados de distintas zonas de Antioquia y Colombia en los distintos municipios del Valle de Aburrá, esto como antecedente del reto que representa la llegada de una gran cantidad de ciudadanos venezolanos a las ciudades colombianas.

Para Prieto Soto, esta diplomatura es clave para los procesos que se llevan a cabo al interior de la subdirección de Seguridad y Convivencia, y para pensar la mejor manera de integrar a estas personas de manera segura y ordenada al territorio. Por esta razón destacó la sinergia de las 10 administraciones que conforman este esquema asociativo territorial.

Colombia es un país cuyas instituciones presentan serias dificultades para alcanzar a cobijar a sus ciudadanos más desprotegidos. Por eso resulta necesario continuar con la formación en temas migratorios, sobre todo en este momento de coyuntura donde se proyecta que el fenómeno de migración de venezolanos a otros países vaya en aumento. Colombia es el país que más población recibe de Venezuela, según Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de los más de 4 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, más 1,5 millones residen en el país. Además, datos de Migración Colombia posicionan a Antioquía como el tercer departamento del país que más migrantes venezolanos recibe. El departamento, quien hasta finales de 2018 se ubicaba como el quinto lugar de recepción, con ochenta mil migrantes, para junio de 2019 pasó a la tercera casilla con ciento treinta y nueve mil refugiados, casi sesenta mil personas más en tan solo seis meses.

Teniendo en cuenta a los ciento cuarenta mil migrantes provenientes de Venezuela que se encuentran radicados en territorio antioqueño, los municipios del Valle de Aburrá son un receptor importante teniendo en cuenta que sólo en Medellín hay 86.200 venezolanos, en Bello 11.812  y en Itagüí 6.940.

Una de las misiones de este diplomado fue recoger los insumos requeridos para la formulación de una ruta integrada de protocolos de atención migrante que cobije a las poblaciones inmigrantes, que les ayude a legalizar su situación y les permita acceder a los derechos que de manera inherente gozan por el mero hecho de ser seres humanos. Esto, además de facilitar la homogeneización de los procesos en todo el Área del Valle de Aburrá.

Para la Coordinadora Académica del diplomado y Coordinadora del Programa de Protección Internacional, Astrid Osorio Álvarez, “los avances que se pudieron establecer fueron la estabilización de los criterios y la sensibilización de las personas, funcionarios y Alcaldías municipales para atender a los migrantes de una forma unificada, sin importar su condición legal, puesto que priman los derechos humanos”. Astrid aseguró que el diplomado sirvió para dejar atrás el paradigma que dice que cuando cruzas la frontera, dejas de tener Derechos.

El papel de la academia frente al fenómeno migratorio es reconocer que no es nuevo y que tiene unas particularidades específicas según sus variables espacio-temporales. Con esto, analizar los impactos e implicaciones que este tiene en las dinámicas políticas, económicas y sociales. Una apreciación particular de la Facultad –aclaró el decano Luquegi Gil Neira-, es que nuestras instituciones políticas y jurídicas se han construido con base en un derecho que no reconoce en términos reales el fenómeno migratorio.

“Si bien en la práctica nosotros hemos suscrito tratados internacionales de derechos humanos en los que estamos obligados a reconocer los derechos de las personas por el mero hecho de ser personas, nuestras instituciones jurídicas y políticas no están construidas de esa manera. Un asunto tan sencillo como la cédula para identificarnos en cualquier proceso, cuando ustedes como funcionarios de la administración se tienen que enfrentar a la situación de una persona que ha migrado y no tiene un pasaporte vigente ni un permiso especial de permanencia ni ningún documento puesto que la misma migración no se lo ha permitido, ya se convierte en una barrera de acceso a cualquier servicio administrativo o jurídico”, afirmó Gil Neira.

El decano también explicó los retos que implican que las mismas relaciones económicas, sociales y, en algunas ocasiones, políticas, resultantes del mismo fenómeno migratorio, vayan más rápido que el avance de las instituciones. Sin embargo, señaló que “es el estado quien debe propender por la solución de las problemáticas, presiones y situaciones diarias esta realidad acarrea. Es allí, donde esta articulación entre la academia y las instituciones cobra sentido, brindando luces para llevar soluciones”. Según el decano “dar  herramientas jurídicas y políticas a los servidores públicos, a las personas que hacen parte de la administración y los entes de control, para enfrentar de la mejor manera esta realidad migratoria”.

Con estos nuevos graduandos en el Valle de Aburrá, son cerca de 120 servidores públicos y líderes sociales de Antioquia que se han formado con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el tema de atención a población migrante y que tienen la misión de replicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas comunidades y entornos laborales. 

Cabe resaltar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como institución de orden territorial, es un actor clave a la hora de tener una articulación territorial, dadas las condiciones migratorias que afectan a todo el Valle de Aburrá. ACNUR es un aliado estratégico para la revisión de las comprensiones de lo que es un solicitante de refugio, lo cual es importante porque ayuda a develar el fenómeno migratorio puesto que no todos son migrantes económicos y algunos merecen una protección internacional. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, además de ser un aliado académico, fue la encargada de habilitar el espacio y liderar el proceso.

En aras de compartir el conocimiento, muchas personas crearon documentos formativos que sirvan como insumos a otros funcionarios que ocupen estos cargos en el futuro, debido a que la permanencia en los cargos públicos no está asegurada. El Director del Área Metropolitana, Eugenio Prieto, invitó a que lo aprendido en este diplomado trascienda en las administraciones locales para hacer de la atención a migrantes una política pública que perdure incluso, acabada la crisis venezolana.