Hemos venido desarrollando durante el último año varios conceptos fundamentales en la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ​y uno de ellos es el sistema de información para gestión integral de residuos. Reconocimos la alta deficiencia que existe en el país y en la región de información sólida, veraz, útil, procesada, para tomar las decisiones del día a día, bien sea para un alcalde, un concejal, un empresario o de una empresa de aseo urbano, que deben garantizar el aprovechamiento de un residuo. Colombia no se escapa a la realidad mundial en torno a la dispersión de la información sobre el tema y, por ende, de la atomización de las decisiones sobre el manejo de los residuos. La pérdida de esa información es proporcional a la pérdida de valor económico que representa aprovechar los residuos, no sólo en términos ambientales, sino en ingresos. Este sistema de información que ahora podrá implementar el Área será un ejemplo para América Latina.

Poder tomar decisiones con información y conocimiento técnico y objetivo. Montar el sistema es además muy barato dentro del PGIRS. El plan está aforado en 261 mil millones y el sistema, esto es, su diseño, está avaluado en 675 millones de pesos. Luego vendrá la puesta en operación y que los municipios, los recicladores, las empresas de aseo, los empresarios del sector, alimenten el sistema.

El sistema tiene como columna vertebral la estructura metodológica de cómo se hacen los Planes de Gestión Integral de Residuos en Colombia y eso lo determinó la Resolución 0754 de 2014. Todos los municipios del país, incluidos los del Valle de Aburrá, hicieron su plan. Éste tiene, en su esencia, un diagnóstico o línea base, en la que se debe reportar las cantidades que se generan y cómo está el ente territorial gestionando los residuos en términos del almacenamiento, recolección, transporte, transferencia, aprovechamiento y disposición final. La información sustancial de esos documentos elaborados por los municipios es la que entraría al sistema de información. Dentro del diagnóstico, los territorios tienen que hacer unas proyecciones de cuántos residuos se van a generar en sus territorios a 2030 e incluirlas en el sistema. Hay que identificar cuáles son los principales problemas del territorio a 2030 y sistematizarlos.

Por supuesto. Identificamos para todos los municipios del Valle de Aburrá cerca de 12 programas, pues la Resolución habla de 13, pero nosotros no tenemos ni playas ni costas. Todo va al sistema. Los programas están constituidos por proyectos y los municipios deben establecer sus costos, tiempos de ejecución, metas, actores… El sistema le permite a cada municipio saber dónde tiene deficiencias y hacerle seguimiento, porque está parametrizado. En este punto resulta fundamental el papel del Área Metropolitana, porque la entidad tendrá un modelo igual, completo y actualizado en tiempo real que le permite acompañar los proyectos de sus municipios asociados. Podemos homologar la información. Hicimos un gran esfuerzo con el Área en predimensionar los proyectos de inversión. El 80 por ciento del PGIRS está dirigido a inversión y el 20 a preinversión. Eso establece un diferencial muy importante para todos los municipios, en especial, para poder destinar recursos en dos frentes fundamentales: educación y logística.

De eso se trata. Si eso no tiene esos elementos, vamos a seguir perdiendo cuantiosos recursos. De 2006 a 2017, en la región, se han invertido 153 mil millones de pesos, pero los resultados son muy precarios en buena parte de los 330 proyectos que logramos identificar. El efecto tangible de esas inversiones es que nosotros pasamos de aprovechar residuos reciclables, que en 2006 estaban estimados en 12 por ciento, a 2017 llegamos a 15 por ciento. En residuos orgánicos, pasamos del 2 por ciento al 6 por ciento, según cifras estimadas. El incremento puede ser notable, pero obedece en parte a inversión privada, no pública. En residuos de construcción y demolición (RCD), que en 2006 estábamos en 0.5 por ciento, para no decir que en cero, en 2017 llegamos a 2 por ciento. Los efectos en la inversión son muy bajos.

Sistematizar fue la primera palabra que le escuchamos decir al director del Área cuando nos sentamos a trabajar el Plan. La dispersión de la información es muy grande. El Plan regional, en 2006, estaba aforado en 115 mil millones, al 2020, pero ya nos hemos gastado 153 mil millones y ninguno de los indicadores que se acordaron muestran alcances significativos. Esta nueva metodología en el PGIRS, con el sistema de información previsto, va a permitir tener foco, sobre todo porque incluimos en su desarrollo lo que se ha llamado el “Impacto Regional”, dentro del cual resulta fundamental la implementación de un Modelo Educativo Regional Unificado, cuyo eje central es la separación en la fuente.

Sí. Y acá hay que hacerle un reconocimiento público al Área Metropolitana, porque su trabajo articulado y por consenso con todos los actores, permitió que el Ministerio de Ambiente hiciera cambios en la resolución que entrará en vigencia el 1 de enero de 2019, respecto del uso de las bolsas plásticas. La modificación conducirá a que las bolsas que se entregarán en las grandes superficies o almacenes de cadena tendrán las siguientes características: las bolsas de color azul serán para lo reciclable, el color verde para los orgánicos biodegradables y aprovechables, y el color gris para los no aprovechables, es decir, los que se van para los rellenos sanitarios. Eso demuestra que la gestión de la entidad tiene alcance nacional.

Tenemos que buscar con prontitud que en ese Modelo Educativo Regional la unificación de colores en el Valle de Aburrá para la separación en la fuente. Por qué. Porque ya hay propuestas caminando a través de varias empresas y organizaciones para que sean otros los colores. Esa resolución busca comprometer a las grandes superficies en la articulación que se viene haciendo con los demás actores para separación en la fuente. La idea y la propuesta, además, es que una vez se unifiquen los colores, podamos utilizar otros recipientes, y no sólo bolsas, en la separación, usando distintivos con dichos colores: azul, verde y gris, tal como lo hemos hecho en el Oriente antioqueño. Con ese cambio, dada la magnitud de lo que se usa actualmente, está financiado el PGIRS.

Uno fundamental es el módulo que les permite a los actores mejorar las competencias laborales de los trabajadores que se dedican a trabajar en empresas de aprovechamiento, es decir, los recicladores. Esa labor no está formalizada ni parametrizado. Los recicladores no tienen un perfil de trabajo tecnológico. Ni cuando recogen ni cuando transportan, ni mucho menos en las compraventa. Los recicladores no pueden quedarse trabajando en carretillas ni las compraventas pueden seguir siendo lugares sin control sanitarios ni muladares.

Así es. Las cuentas que hemos hecho a mano alzada es que por ahí circulan entre 45 mil y 50 mil millones de pesos, al año, en compra y venta de reciclables. Eso hace que valga la pena la formalización del reciclaje y la apertura de unas líneas de fomento que contribuya al bienestar de esos trabajadores y a los ingresos de los municipios. Además, porque la norma lo exige. Las compraventa deben convertirse en Estaciones de Clasificación y/o Aprovechamiento y deben reunir ciertos requisitos. El problema es que quien expide esas certificaciones es la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando deberían hacerlo los municipios, a través de las dependencias que manejan el tema de residuos. Ese vacío institucional debe ser corregido, porque afecta las competencias locales y fomenta la informalidad de esas estaciones.

Claro, se cobra a los usuarios entre 500 y mil pesos mensuales. Muchos dicen que es muy poquito. Puede ser, pero multiplique por miles de personas y entenderá que es mucha plata. En cifras redondas, el Valle de Aburrá tiene un millón 200 mil usuarios. Multiplique eso por 500 pesos, si quiere, y el resultado no es despreciable. Y ese limbo es el que causa y seguirá causando muchas tensiones en los territorios, porque muchos saben de lo rentable del negocio. El censo de recicladores estima en 4.800 las personas dedicadas a esa actividad en los 10 municipios. Hay 480 compraventas y cada una tiene entre tres y cuatro trabajadores por cada una. Es decir, 1.200 personas. En total, unas seis mil personas con trabajos directos, pero informales. Creo que vale la pena formalizarlos y dinamizar la economía en los municipios, porque son cuantiosas las inversiones que hacen los entes territoriales en compra, por ejemplo, de abonos para sus propias zonas verdes y jardines. Cerca de 1.500 toneladas de residuos orgánicos se están yendo diariamente hacia los rellenos sanitarios, cuando podríamos usarlas para hacer compostaje.

Nosotros estamos produciendo cerca de 20 mil toneladas por día de ese tipo de material. Son escombros. Se estima que el 70 o 75 por ciento son excedentes de excavación y el otro 25 por ciento son escombros de construcción. De esas 20 mil toneladas se aprovecha sólo el 2 por ciento y el resto se va a las escombreras, se supone que a las legales, pero sabemos que no es así. Muchas van a parar al río, con los daños al recurso hídrico y a los ecosistemas naturales.

Tenemos un potencial de aprovechamiento en orgánicos de unas mil toneladas por día, ahora estamos en unas 500 toneladas, y eso significa que tenemos mucho por hacer. La meta es llegar al 30 por ciento de aprovechamiento, de un 55 por ciento potencial, en 2030. Las metas establecidas en el Plan son a 2019, 2023 y 2030. Hoy, son 3.000 toneladas de orgánicos que se recogen diariamente. Una de las novedades que hemos formulado en este Plan es decirles a los habitantes que hay en la periferia de los 10 municipios cómo aprovechar esos residuos orgánicos en la producción de abonos y evitar que esas miles de toneladas de residuos bajen a los rellenos. Es un trabajo intenso con las comunidades en las zonas rurales del Valle de Aburrá.