El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que Medellín y el Valle de Aburrá son un ejemplo en el país desde donde se genera un cambio de paradigma en la protección del medio ambiente. Durante el acto de presentación de avances del Pacto por la Calidad del Aire sostuvo, además, que “hay confluencia de voluntades entre las entidades públicas y privadas, lo que es un paso muy importante a futuro”. También reiteró su compromiso con el medio ambiente en la región.

El humo de la guerra no nos dejó ver a los colombianos una cantidad de cosas. No nos dejó ver la corrupción rampante que hay en el país ni una cantidad de temas escondidos en la agenda y que una vez se alejaron las nubes de esa violencia, que nos individualizó en la región por más de 50 años, salieron a flote todas esas problemáticas. 

Las problemáticas tienen que ver, entre otras cosas, con el modelo de desarrollo y con el papel que la defensa del medio ambiente está llamada a jugar. 

Paradójicamente, y digo paradójicamente porque llevábamos desde la Constitución de 1991 poniéndolo como base fundamental de toda la estrategia de desarrollo. Y nos dimos contra las paredes, como se dice coloquialmente, tratamos de armar políticas públicas, pero ese tema seguía ahí, como rezagado, latente dentro de las preocupaciones, de la planeación y el presupuesto y las políticas públicas en Colombia. 

Y, entre tanto, seguíamos ahogando nuestros ríos, nuestras especies y nuestros ecosistemas dentro del inmovilismo, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Porque cuando una sociedad no saca los problemas a flote, no los enfrenta para solucionarlos, pues se produce el envejecimiento de los problemas. Y se quiere solucionar las cosas cuando ya han escañado en una problemática casi estructural y eso es más difícil. 

Hemos dicho, y quiero repetirlo, que en Colombia las muertes por mala calidad del aire llegan casi a 10.000 personas al año. Son casi las mismas, o un poco menos, que los homicidios del conflicto interno del país, que se acercan a los 11.000, según informes que han realizado diversas agencias y que hoy es un problema esencial de derechos. 

Esto no es un problema de que existe la obligación de tomar una serie de determinaciones. No. Estamos en la obligación de garantizar derechos ciudadanos acá. Y están comprometidos derechos como al medio ambiente, a la vida, a la integridad, al espacio público y el derecho a la salud pública, que es un derecho fundamental, después de la legislación que expedimos en 2015 con la Ley Estatutaria de la Salud, que es otra de las tareas pendientes de este país, que es la salud de los colombianos. 

Y aquí estamos, hablando del derecho a la salud pública, porque, además, las estadísticas muestran la decena de millones de enfermedades que produce la mala calidad del aire y las implicaciones que tiene sobre el presupuesto de los colombianos, que son casi 12 billones de pesos. Esto significa cerca del 2 o del 2,5 del Producto Interno Bruto. Y todo esto dentro de un escenario en donde todos, por complicidad pasiva, de alguna manera somos protagonistas. Así, en mitad de una legislación que cada día se moderniza más, pero las realidades se quedaban atrás. Incluso, de la propia jurisprudencia, porque ustedes han visto que si hay algo que haya hecho nuestra Corte Constitucional en los últimos años ha sido reconocer que todos estos fenómenos ambientales, nuestros páramos, nuestros ríos y nuestro aire no son objeto, si no sujeto de derechos con todas las implicaciones que eso tiene. 

Y de esa manera llegamos casi a profecías auto cumplidas. Un determinismo en el cual el medio ambiente se sigue deteriorando y nosotros seguimos mirando para otro lado. O, simplemente, nos metemos por la puerta lateral de las políticas públicas como si fuera un tema completamente marginal de los procesos del desarrollo. 

Por fortuna eso está cambiando. Y está cambiando porque hemos llegado a entender, y esto es realmente un cambio de paradigma, que hay un proceso de inversión de consideraciones tradicionales. Hemos llegado a la conclusión que nuestra biodiversidad es el patrimonio más importante que tiene Colombia. Que eso esté dentro de las consideraciones de la empresa más importante que tiene el país, que es Ecopetrol, es un motivo para celebrarlo. 

Como se relató antes, dentro de lo que ha sido el Pacto por la Calidad del Aire, en marzo de 2017 declaró la Alerta Naranja en el Valle de Aburrá por la alta concentración de contaminantes en la atmósfera. Y según los estudios de las autoridades locales, los automóviles, los buses, las volquetas y las motocicletas aportan cerca del 90% de las emisiones móviles de material particulado fino.

Esto pone sobre la mesa que acá no solo hay responsabilidades del sector público. Aquí hay muchas responsabilidades del sector privado. Nosotros en esta batalla contra la corrupción en la que estamos comprometidos, hemos dicho que lo único que nos ha faltado como gran aliado es el sector privado, como en la mayoría de la ejecución de las políticas públicas en Colombia. El sector privado no puede ser un convidado de piedra en los grandes propósitos nacionales. Ni en los ambientales ni en la búsqueda de la transparencia o de la rendición de cuentas, que son las herramientas más útiles precisamente contra la corrupción. 

Por eso, la Procuraduría General de la Nación formuló, el 11 de septiembre de 2017, una solicitud solicitando al Presidente de Ecopetrol y contándole cuál era nuestra visión desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos del Valle de Aburrá en términos de la mala calidad del aire. Y realmente, como él lo mencionaba antes eso parecía una utopía. 

Esa casi imposible que se pudiera dar un mejoramiento de las condiciones y volver esa entrega de combustible más eficiente y más limpia. Y, tal vez, ese grano de arena que pusimos, junto con el Alcalde de Medellín, llevó a que los mismos expertos de la empresa se concientizaran y lograran lo que en ese momento parecía imposible, que es lo que hoy anuncia el Presidente de Ecopetrol. Exhortamos a todas las autoridades competentes, en lo que se refiere a energías limpias, a dar cumplimiento a las normas y nos pusimos como garantes de ese proceso. 

Ahí apareció el sector privado. Por eso el pasado primero de febrero en el Jardín Botánico se firmó el Pacto por la Calidad del Aire, con 66 actores públicos y privados que se comprometieron todos a reducir los contaminantes atmosféricos. Después, en marzo, Ecopetrol nos informó de las gestiones emprendidas y del compromiso de la empresa para elevar los estándares de calidad de los combustibles suministrados al Valle de Aburrá. Fue una apuesta arriesgada, como son las grandes decisiones que se toman en la historia de las comunidades. 

Yo les decía que cuando a uno le venden la teoría de que uno tiene que esperar a determinados cambios porque las sociedades no están listas, después la perspectiva histórica le da la razón al decir que el que toma las decisiones que parecen más audaces y tiene la espalda para asumir las consecuencias de esa toma de decisiones es el que se convierte en un visionario y un transformador de la sociedad. 

Y eso pasó aquí. Dimos un paso hacia delante gracias al involucramiento de todo el Gobierno nacional, de Ecopetrol y del empeño político del Alcalde para tomar decisiones que parecían imposibles, muy audaces y que marcaban la imposibilidad de ponerlas en la práctica. Pues estamos demostrando lo contrario, que sí era posible hacerlas. Por eso dentro del Plan Integral para la Gestión y la Calidad del Aire hubo que sumar a los gremios de la producción. Y por eso debo reconocerle hoy a Fenalco a la Andi y todos los demás gremios involucrados, que demostraron que sí era posible sumar esfuerzos para avanzar en la consolidación de soluciones a este tipo de problemáticas. 

La renovación de las flotas de transporte, el fortalecimiento en los sistemas públicos de transporte son tareas clave que hay que seguir impulsando. Y tenemos empresas comprometidas con estas causas. Promueven buenas prácticas que tienen que ver con la sostenibilidad de las empresas que tienen que ver como un factor de producción y de cumplimiento de esas propias compañías. Y siempre la implementación de energías limpias es algo que se debe promover. Dentro de lo que se ha logrado se muestra hoy es que en el Valle de Aburrá el 86% de las empresas avanzas en la implementación de Planes de Movilidad Sostenible y que el 22% de éstas cuentan con horarios flexibles para los empleados. Es decir, estamos dando un paso hacia la modernidad respetando esto que aparecía como condicionamientos del desarrollo, pero son hoy oportunidades y factores de legitimación del sector privado en la búsqueda del interés público. También el 13% de esas empresas propician el escalonamiento para emisiones y 11% de éstas, que sigue siendo una cifra baja, han estimulado la práctica del carro compartido para movilizarse desde y hacia la oficina. 

La conclusión 

Hay que dar esos pasos. Son los pasos fundamentales en los cambios de las sociedades y eso quiero registrarlo acá. Y no es gratuito que sea desde Medellín, para que se oiga en la caja de resonancia del país donde se toman esas determinaciones, haciéndolas públicas como las estamos haciendo. Todo eso supone, además, comenzar a tratar de recoger el tiempo perdido de estas cinco décadas de conflicto armado donde todos estos temas estuvieron a la vera del camino y comenzar a entender, en función de las nuevas generaciones, porque creo que ese es nuestro gran compromiso y de nuestros ancestros, como lo hicieron hace muchos las culturas indígenas que nos demostraron que somos interdependientes con todas las formas de vida y por eso hay que defenderlas. 

Por eso el compromiso del Gobierno nacional no es menor. Está el Conpes 3493 de julio de 2018 y nuestro rol, como defensores del derecho de los ciudadanos, seguirá siendo, no solo la vigilancia de que se cumplan estos procesos, sino también ejerciendo nuestras facultades que en materia de prevención nos llevan a ser partícipes de iniciativas como el Pacto por la Calidad del Aire y de los anuncios que se hacen. 

De nuevo necesitamos la unión de todos estos esfuerzos con el sector privado para que haya una productividad responsable y con las más altos estándares a nivel mundial. Hay que garantizar, no solo el compromiso presupuestal para el financiamiento de ese Conpes, sino que esta política pública de calidad del aire quede consignada claramente en el Plan Nacional de Desarrollo, que este Gobierno está elaborando. Este es un capítulo fundamental para enviar la señal de que sí estamos pensando en el futuro. 

Como estamos pensando en función de tantas entidades de vigilancia, que yo particularmente he sido muy crítico de ellas, pero que tienen que demostrar que son relevantes para la sociedad. Y me refiero a las corporaciones autónomas regionales que lamentablemente terminaron siendo el coto de caza de los políticos, y es muy duro decirlo, el vacunadero de muchos departamentos del país. Que le muestren a Colombia que son relevantes. Y que pueden sancionar cuando las normas ambientales sean violadas. 

El presidente Iván Duque se ha referido a la necesidad de replantear de alguna manera ese cruce de competencias entre lo nacional, lo departamental y lo local es donde la permisividad y la falta de autoridad ha sido la característica de quienes tienen responsabilidades en Colombia. 

Terminó diciendo que si cada uno no hace lo que le corresponde, pues nos sumaríamos a esa bancarrota ética del país donde lo ambiental ha jugado un papel fundamental. Porque si se les pregunta a las nuevas generaciones de colombianos y el desarrollo y la transformación del país tiene que ver con los cambios sociales que venimos haciendo con tomarnos en serio la política ambiental, con poner lo digital al servicio de las causas del interés público y, de alguna manera, ese es nuestro compromiso y este debe ser nuestro legado. 

Medellín siempre seguirá adelante marcando la pauta en innovación y siendo precursora en estas materias. Apostémosle todos al éxito de esta política. Vinculemos a otros actores a esta estrategia. No seamos tacaños con el medio ambiente porque ese es el compromiso con las nuevas generaciones de colombianos.