Somos consecuentes con los retos que nos han trazado los 10 Alcaldes y demás miembros de la Junta Metropolitana, con respecto de la planeación y las acciones conjuntas con nuestra Área Metropolitana, respecto del objetivo de lograr un mayor nivel de articulación y concertación de lo público, lo privado y lo social, para el desarrollo sostenible y sustentable, la equidad humana y territorial, la convivencia y la paz en el territorio metropolitano. 

En tal sentido, los acuerdos de La Habana son una oportunidad histórica para avanzar en este propósito colectivo de territorio, articular nuestro objetivo a los planes de seguridad, convivencia y paz que tiene cada uno de los alcaldes metropolitanos, para el cual Medellín ha puesto a disposición su mayor capacidad instalada en beneficio de los diez municipios integrados en el Área Metropolitana.

Compartimos el enfoque de seguridad humana integral de la ONU y, en tal sentido, la seguridad ciudadana como parte integral de la misma, y la convivencia como la hermana gemela de la seguridad. No mejoraremos la seguridad en el largo plazo si no trabajamos los temas de prevención, el respeto por el otro, el diálogo, la inclusión, los derechos humanos, las oportunidades, la equidad, la legitimidad, la legalidad, la participación ciudadana. 

La paz territorial parte de la identificación de los problemas de seguridad, convivencia y paz, sobre todo, de la precaria articulación en las políticas, planes y proyectos que se da entre los territorios y entre éstos y el centro del país. 

En Medellín, el Área Metropolitana y Antioquia, desde hace algunos años hemos venido construyendo equidad e inclusión, desde ese concepto de paz territorial. El Plan Congruente de Paz -que diseñamos con los inmolados Guillermo Gaviria y su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverri Mejía- y las Asambleas Constituyentes que de allí se desprendieron, son muestra fehaciente de que no partimos de cero. 

Nuestro objetivo era identificar los territorios como parte fundamental de la articulación con la ciudadanía, y a ella, la ciudadanía, como el eje central, la razón del diálogo y la construcción amplia y participativa de los procesos democráticos, de planeación y desarrollo humano integral y transformación social de sus territorios. 

Los territorios tienen unas características y unas condiciones especiales, donde se ha desarrollado el conflicto y, por ende, la forma de resolverlo no puede ser igual para todos. De allí el concepto de paz territorial. No es lo mismo el conflicto en el Oriente antioqueño o en Urabá que el conflicto en los centros urbanos. No es lo mismo el conflicto en zonas petroleras que en zonas cafeteras. La paz territorial debe ser, por tanto, la construcción desde el diálogo incluyente y participativo, sobre los sueños y esperanzas de quienes vivimos y habitamos los territorios y sobre cómo y hacia dónde avanzar. Por ello creemos, dentro del concepto de paz territorial, que no se reinsertan las personas, sino que se reinsertan los territorios. Para construir paz hay que comprender la oportunidad histórica que tenemos para construirla con otros nombres. La paz tiene que tener nombres de equidad, de no fanatismos, libertades, derechos y deberes, no exclusión, oportunidades y sobre todo, inclusión para la transformación social del territorio, porque la paz la construimos todos. 

Nuestro anhelo es que la ciudadanía participe activamente en la construcción de esa paz territorial. Y nuestra obligación ética y moral es acompañar los procesos de planeación y participación bajo criterios de buen gobierno, responsabilidad pública, transparencia y eficiencia y eficacia. Con el diálogo como eje e instrumento de articulación y la ciudadanía como protagonista de las transformaciones en los territorios que habita. La paz está en nuestras manos. Tenemos una gran oportunidad, quizás la última, de acordar entre toda la sociedad colombiana construir territorios más equitativos, más prósperos y más justos. ¡La paz territorial debe ser el propósito colectivo indeclinable y permanente de todos!